La coca no sube (o baja) por decreto

 En Colombia discutimos la coca como si fuera un marcador electoral (o de partido de fútbol). 

Subió: perdió el gobierno.
Bajó: ganó la política.

El último dato — 12,62% de aumento entre 2021 y 2022 — ya fue convertido en sentencia. Para unos, es la prueba definitiva del fracaso de la “Paz Total”. Para otros, una exageración metodológica de organismos internacionales.

Pero la coca no obedece al presidente.

Cuando uno deja de mirar el último porcentaje y reconstruye la película completa, lo que aparece no es una línea disciplinada que responde a decretos, discursos o trinos. Lo que aparece es algo más incómodo: la coca se mueve cuando se mueve el poder en el territorio.

Tomé la serie 2010–2022 y agregué, año por año, los campos anuales de una capa territorial que contiene áreas reportadas por periodo. El crecimiento de 12,62% entre 2021 y 2022 está soportado por esa agregación directa: la suma de areacoc_21 frente a coca2022_. No es una interpretación, es aritmética.

Pero la aritmética tiene memoria.

Entre 2014 y 2017, en pleno proceso que culminó en el acuerdo con las FARC, los crecimientos anuales superaron el 40% y en algunos casos rozaron el 50%. Ese fue el pico de expansión de la década. No bajo la “Paz Total”. Bajo otro momento de transición profunda del conflicto.

Después vino la contracción, entre 2018 y 2020. El discurso era más duro, más punitivo. La curva bajó. Pero no desapareció. No hubo ruptura estructural. Hubo ajuste.

Luego el repunte: +43% en 2021. +12,62% en 2022. Y otra vez el reflejo automático: convertir el número en veredicto moral.

El problema es que la serie completa no encaja en esa narrativa cómoda.

Si la coca creciera únicamente bajo gobiernos que negocian, la relación sería sencilla. Si cayera consistentemente bajo gobiernos que prometen erradicar, también. Pero no es así. Crece bajo unos, se contrae bajo otros, vuelve a crecer. Cambian los presidentes, cambian los tonos, pero el patrón persiste.

Quienes siguen el conflicto desde el terreno lo vienen diciendo hace tiempo con otro lenguaje: fragmentación, disputa por rentas, control territorial. Los grupos armados no se mueven por ideología presidencial. Se mueven por control de tierra, de rutas, de economías. Y cuando ese control entra en transición — por desmovilización, por negociación, por ruptura de un cese al fuego, por fragmentación interna — las rentas ilegales se reacomodan.

La coca es una de esas rentas.

Por eso intenté mirar el fenómeno desde otro ángulo. Además de sumar hectáreas reportadas, utilicé embeddings satelitales anuales: representaciones matemáticas del paisaje que capturan patrones espectrales y estructurales. No son mapas oficiales de coca. No sustituyen el trabajo de campo. No producen hectáreas por decreto.

Este mapa muestra la estabilidad de los cultivos en el territorio, donde es más intenso el color es porque es más intensa la variación (cuando hay presencia). Lo que se ve, más que zonas estables, son circuitos de cultivo en algunas regiones. En otras palabras, más allá de limitarnos a una cifra, podemos pensar en preguntas más complejas y que permitan tener un sentido de los fenómenos sociales que subyacen. La cifra de cultivos puede permanecer estable y a la vez ser devastadora para el medio ambiente. Hay 

Lo que hacen es algo más simple y quizá más revelador: detectar cuándo el paisaje empieza a parecerse más — o menos — a zonas conocidas con presencia de coca.

Esa señal también muestra ciclos.

No replica exactamente las cifras oficiales, pero coincide en lo esencial: la dinámica no es lineal ni estable. Es volátil y además bastante heterogéneo.

Cuando herramientas distintas — agregación de áreas reportadas y representaciones de aprendizaje automático — coinciden en la volatilidad, el argumento deja de ser partidista. Empieza a ser estructural.

Incluso la hipótesis recurrente de que la coca compite con el oro se vuelve menos sencilla cuando se la mira con cuidado. Comparada con los precios internacionales del oro, la dinámica anual no muestra una relación mecánica y consistente. Si hay competencia, no es una reacción automática al mercado global. Es territorial, localizada, incrustada en disputas concretas.

Y ahí está el punto que incomoda a todos los gobiernos.

La coca no es simplemente un indicador de éxito o fracaso presidencial. Es un sensor de transiciones de poder. Cada vez que el equilibrio territorial se altera, la economía ilegal busca espacio. No porque haya leído el plan de gobierno, sino porque hay una ventana de oportunidad.

Eso no absuelve al gobierno actual. Tampoco exonera a los anteriores. Cada administración toma decisiones que pueden amplificar o mitigar esos efectos.

Pero convertir cada aumento en una prueba ideológica definitiva es ignorar que el gran pico de expansión de la década ocurrió bajo otra administración. Y que la contracción posterior no fue definitiva.

La coca en Colombia no sigue la curva del discurso político. Sigue la curva del poder territorial.

Mientras sigamos usando un porcentaje anual como plebiscito moral, seguiremos reaccionando al síntoma y no a la estructura.

Y la estructura — la disputa por el control local de rentas y comunidades — atraviesa gobiernos.

La coca no sube ni baja por decreto.

Se expande cuando el territorio entra en transición.

Y eso, guste o no, es un problema más profundo que el titular de la semana.